Amnistía Internacional pide a Cuba
respete los derechos humanos

Pablo Alfonso

El más reciente informe de Amnistía Internacinal (AI) sobre la situación de los derechos humanos en Cuba subraya que continúan los ataques contra las libertades fundamentles en la isla e ``insta a las autoridades cubanas a que pongan en libertad a todos los presos de conciencia de forma inmediata e incondicional''.

''En la actualidad hay 72 presos y presas de conciencia en Cuba; de ellos, 62 fueron encarcelados durante la represión de marzo de 2003. Aunque a lo largo de 2004 y 2005 quedaron en libertad condicional un total de 22 presos y presos de conciencia, en su mayoría por razones médicas, se siguieron produciendo encarcelamientos de críticos al gobierno'', afirmó AI.

La prestigiosa orgnización de derechos humanos citó el caso del periodista independiente Guillermo Fariñas, que se declaró en huelga de hambre el pasado 31 de enero con el fin de conseguir acceso a Internet para todos los cubanos, y quien está siendo alimentado por via intravenosa en el Hospital Clinico Docente Quirúrgico ''Arnaldo Milián Castro'' de Santa Clara.

''Internet continúa estando bajo el control del gobierno, y el acceso sólo se permite a través de organizaciones oficiales'', subrayó AI.

En su informe de siete páginas difundido el pasado 17 de marzo, AI pidió al régimen castrista que revoque ``todas las leyes que restringen las libertades de expresión, reunión y asociación, y que pongan fin a todas las acciones destinadas a hostigar e intimidar a disidentes, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos''.

''Amnistía Internacional también siete gran preocupación por los casos recientes de ``actos de repudio'', en los que grandes grupos de partidarios del gobierno insultan, intimidan y a veces agreden físicamente a quienes consideran 'contrarrevolucionarios', además de arrojar piedras y otros objetos contra sus viviendas'', indicó el informe.

Entre esos casos, AI citó como ejemplo las agresiones sufridas el pasado 21 de enero por la familia Sigler Amaya en la provincia de Matanzas; contra el psiquiatra Pedro Arturo Hernández Cabrera, el 3 de febrero en Cienfuegos; el abogado invidente Juan Carlos González Leiva, en Ciego de Avila y contra Marta Beatriz Roque Cabello, en La Habana el 16 de febrero.

Coincidiendo con lo publicado por AI, el pasado jueves el dirigente opositor Vladimiro Roca,quien preside el Partido Socialdemócrata de Cuba, denunció desde La Habana que decenas de partidarios del régimen impidieron este jueves una reunión de miembros de ese grupo que iba a realizarse en su vivienda. ''El gobierno sigue apostando por la salida violenta. Tratan de aterrorizar a los familiares y a los disidentes'', declaró Roca por teléfono a la AFP.

En relación con el arrestos de opositores ocurridos en los últimos meses, varios de los cuales ni siquieran han sido presentados ante los tribunales ''y permanecen recluidos en cárceles de máxima seguridad fuera de La Habana'', Amnistía Internacional informó que acaba de declarar presos de conciencia a: René Gómez Manzano, detenido el 22 de julio de 2005; Oscar Mario González Pérez, detenido en la misa fecha; Emilio Leyva Pérez, detenido el 13 de julio de 2005 y Julio César López Rodríguez, detenido el 22 de julio de 2005.

''Amnistía Internacional también siente gran preocupación por el número de disidentes, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos que, según los informes, son detenidos por cargos de 'peligrosidad predelictiva''', subrayó la organización.

En las consideraciones finales de su informe AI expresó preocupación ''porque el actual embargo unilateral estadounidense contra Cuba continúa afectando negativamente en Cuba el ejercicio de la amplia variedad de derechos humanos'' y considera que el mismo ``contribuye al debilitamiento en Cuba de derechos políticos y civiles fundamentales''.

''Por esta razón, Amnistía Internacinal pide su levantamiento inmediato. La organización también insta al gobierno cubano a que deje de utilizar el embargo y el antagonismo político con el gobierno de Estados Unidos como pretexto para violar los derechos humanos de los cubanos'', concluyó el informe.