|
Informe de la CCDHRN Sobre Represión Elizardo
Sánchez Santa Cruz Informe
resumido acerca de las acciones conocidas de represión política en Cuba
entre noviembre de 1999 y febrero del 2000. Enviado por la Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional al Buró de Información de
Derechos Humanos LA
HABANA, 2 de marzo - Este resumen permite confirmar que durante los pasados
cuatro meses tuvo lugar el mayor número de acciones de represión política
en los últimos diez años. Podemos asegurar que, en todas las variables y categorías estamos reflejando límites mínimos y las cifras resultantes indican, de manera inequívoca, la tendencia dominante, de manera que la curva estadística real estaría siempre por encima de la que corresponde a los datos contenidos en este informe. Desde nuestro punto de vista, las detenciones, restricciones de movimiento y otros hechos ocurridos durante los cuatro meses anteriores reflejan un alto nivel de arbitrariedad así como el hecho negativo de que los funcionarios policiales disponen de márgenes discrecionales demasiado amplios. La excarcelación sin cargos, en cuestión de horas o pocos días, del 94 por ciento de los detenidos durante el período analizado es la mejor prueba de la inocencia de los centenares de ciudadanos afectados. TABLA I Hechos conocidos durante los últimos cuatro meses
De
las 352 detenciones reportadas, permanecían internados un total de 21 pacíficos
opositores hasta el día de ayer (1 de marzo), de los cuales 4 han sido
condenados por los tribunales, 15 están sujetos a prisión provisional y 2
bajo arresto, lo cual significa que hasta 17 quedarían a disposición de la
fiscalía y los tribunales por motivaciones esencialmente políticas, aunque
no creemos que todos sean sometidos a juicios. TABLA II
En nuestra opinión, los cuatro disidentes condenados hasta ahora son completamente inocentes respecto de los supuestos delitos imputados toda vez que ejercieron o pretendieron ejercer elementales derechos civiles y políticos de manera absolutamente pacífica. Los fundamentos jurídicos para condenarles resultan muy discutibles toda vez que el vigente Código Penal criminaliza, de manera manifiesta, el libre ejercicio de derechos esenciales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros documentos de las Naciones Unidas y de la comunidad iberoamericana. En cuanto al proceso seguido contra el Dr. Oscar Elías Biscet y otros dos co-encusados consideramos que resultó dramática y objetivamente viciado al ser atacados desde el más alto nivel del Estado y por otros factores de gran influencia pública por lo que, teniendo en cuenta la naturaleza vertical del modelo de organización política y jurídica imperante en Cuba, era impensable que algún juez votara a favor de la absolución de los acusados o de sanciones no penales. Uno de los Observadores no gubernamentales de nuestra Comisión, el Lic. Carlos Menéndez, fue interceptado y conminado a retirarse por agentes policiales cuando se disponía a ingresar al edificio del tribunal donde serían juzgados el Dr. Biscet y los dos co-encausados. Igual suerte sufrieron varias docenas de ciudadanos que pretendían hacerse presentes en dicho tribunal bajo el presupuesto de que, conforme a las leyes cubanas, todos los juicios deben ser públicos excepto aquéllos en que altas razones de seguridad nacional o de preservación de la integridad moral o de la vida privada de las personas aconsejen lo contrario. A pesar de estas restricciones, debemos mencionar el hecho positivo de que, por primera vez en muchos años, las autoridades permitieron la entrada de varios diplomáticos y corresponsales extranjeros al local donde tuvo lugar dicho juicio. En relación con las acciones de represión política acaecidas en los últimos cuatro meses consideramos que fueron vulnerados los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20 y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Según nuestras observaciones, lamentamos tener que apreciar que la situación de derechos civiles y políticos continúa siendo muy desfavorable en nuestro país y consideramos que existen pocas razones para esperar mejoras significativas en esta esfera, al menos a corto plazo, toda vez que el Gobierno de la República no muestra señales claras que indiquen su disposición para emprender las urgentes transformaciones modernizadoras que necesita nuestro país en los órdenes jurídico, económico y político. Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, CCDHRN, La Habana, Cuba. |