Enfoque para la Revista "SIGLO XXI",
Viernes 9 de Junio del año 2000

Uno de los temas que de manera recurrente tiene que responder la disidencia cubana a los defensores extranjeros de castrismo, y ante quienes dentro de la Isla aun son aliados de Fidel Castro, es la cuestión de las realizaciones en materia de educación, de salud pública y de otros indicadores sociales, que el Gobierno Cubano alega son exclusivos de su administración.

En tal sentido, los activistas de derechos humanos sabemos que los derechos económicos y sociales son parte sustantiva de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como también lo son los derechos Civiles y Políticos, que deben salvaguardar las libertades individuales de cada ciudadano.

El carácter integral de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual la República de Cuba fue signataria original en l948, establece la esencia indivisible de su interpretación. Es decir, las autoridades tienen la obligación de respetar, tanto el derecho de las personas a recibir instrucción y asistencia médica, como de la misma forma tienen que permitir el ejercicio del derecho inalienable a tener libertad para organizar partidos políticos de oposición, y de crear órganos de prensa para criticar la ejecutoria de los gobernentes, entre otras facultades civiles y políticas de libre empresa, sindicalización, reunión y movimiento.

Fidel Castro, desde l959, pretendió que el pueblo cubano solo pudiera aspirar a contar con los derechos a la educación, a la salubridad, y a ciertos tipos de empleo y facilidades colectivas. Sin embargo, el caudillo del 26 de Julio desmanteló toda la sociedad civil republicana, que incluía la libertad de prensa, la de fundar partidos y asociaciones políticas de oposición, la de organizar negocios y todo tipo de actividades laborales y lucrativas, asi como la de ejecutar otras iniciativas personales. De hecho, los castristas convirtieron en delitos estos Derechos Humanos fundamentales y, desde entonces, las cárceles del País han estado repletas de seres humanos que, de alguna forma, han sido disidentes de estas prácticas tiránicas.

Como demuestra la historia de otros pueblos, jamás puede justificarse la supresión de las libertades políticas con el pretexto de salvaguardar supuestos logros económicos. Si este fuera el caso, habria que aplaudir a Adolfo Hitler y al Partido Obrero, Nacional Socialista de la Alemania Nazi, porque en la década de los años 30 dotó a los alemanes del mejor sistema de salud pública gratuíto de todo el orbe; dió a esta Nación la excelencia en educación popular de todo el Mundo; facilitó el pleno empleo de todos sus habitantes, cuando en otras partes una gran depresión económica mundial originaba decenas de millones de desempleados y hambrientos.

Pero, además, recordemos que Hitler liberó a Alemania de la ocupación extranjera de gran parte de su territorio, que heredaron de la derrota en la Primera Guerra Mundial, y devolvío el orgullo nacionalista a los germanos. Lo que es preciso preguntar es por el precio que hubo que pagar por esos logros. El final de este horrendo experimento de ingeniera social todo el mundo lo conoce: mas de 50 millones de muertos y la devastación total de Alemania.

En Cuba, la eliminación de los Derechos Ciudadanos ha terminado por provocar la peor crisis económica y la mas terrible de las penurias que hayan padecido los seres en esta tierra.