Informe de Naciones Unidas: Un reto para Castro

Pablo Alfonso

Periodista y graduado de sociología en la Universidad de Saint Thomas, de Miami. Fue un líder de la juventud católica cubana desde los años 60. Estuvo dos veces encarcelado en Cuba por este motivo y viajó a los Estados Unidos en 1979. Ha publicado varios libros sobre la Iglesia Católica cubana y sobre la historia del castrismo. Desde hace años es uno de los especialistas en temas cubanos del periódico El Nuevo Herald, de Miami.

Por primera vez en treinta años el gobierno de Fidel Castro tiene que responder a la réplica de sus opositores internos. Recogida en un documento oficial de Naciones Unidas dado a conocer el viernes en Ginebra, Suiza.

El informe sobre la situación de derechos humanos cuestiona la existencia de un estado de derecho en Cuba, contrastando las afirmaciones de funcionarios gubernamentales con las denuncias de organizaciones de derechos humanos, instituciones y personas particulares.

El informe se limita a exponer los hechos. No hace sugerencias ni conclusiones; las deja en manos de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos que se reunirán el próximo martes para discutir el punto 11 de la agenda.

De las 400 páginas del informe, 344 recogen documentos oficiales, testimonios y denuncias presentadas a la Comisión y que fueron tomadas en consideración durante la redacción del texto. Las restantes 56 páginas de dividen en cinco capítulos.

El primero consta de 9 páginas y se titula "Mandato, formación y actividades". Se refiere al trabajo de la Comisión desde su constitución hasta la aprobación final del informe.

El segundo capítulo, de 10 páginas, titulado "Aspectos legales y constitucionales de los derechos humanos en Cuba", cuestiona distintos artículos de la Constitución Socialista de 1976 y del Código Penal vigente en Cuba desde el año pasado en relación con los derechos fundamentales y la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948.

Derechos Políticos y Civiles es el título del tercer capítulo. En sus veinte páginas la Comisión pasa revista a cuestiones que van desde el derecho a la vida, hasta la libertad de asociación, de movimiento y de expresión.

El cuarto capítulo, titulado "Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales", consta también de veinte páginas. Analiza los derechos laborales, la situación de la educación y la salud pública.

El quinto y último capítulo tiene sólo tres párrafos que a manera de "Consideraciones Finales" agradece a las autoridades cubanas y de Naciones Unidas las facilidades otorgadas para elaborar el informe.

En la redacción del texto, la Comisión escogió un método que se constata en todo el informe. En cada uno de los temas abordados se ofrece, en primer término, una apretada síntesis de las explicaciones de los funcionarios cubanos. De inmediato siguen los testimonios y denuncias que contradicen la versión oficial.

Las tres primeras páginas del informe relaciona los 32 documentos anexos que constituyen parte integral del mismo. Entre estos figuran los testimonios recogidos por la Comisión durante los diez días de permanencia en Cuba. En su mayoría corresponden a las denuncias presentadas por el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, que preside Ricardo Bofill.

Entre los documentos anexos se destacan el análisis sobre "Los Derechos Humanos en la Legislación Vigente Cubana", escrito por el abogado Pablo Llabre, asesor legal del CCPDH; "La Coacción Legal y la Libertad Religiosa en Cuba" de Hiram Abí Cobas, del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba; "Status y Rol del Médico en Cuba", del doctor Omar del Pozo, miembro de la Comisión Médica del CCPDH; "Derechos Humanos y Educación en Cuba", de Sebastián Arcos Cazabón, miembro del CCPDH; así como una carta firmada por 22 presos políticos del Combinado del Este, en La Habana, en la que se relatan abusos y atropellos cometidos por las autoridades penitenciarias cubanas.

Nota del editor: Originalmente aparecido en El Nuevo Herald en 1989. En total el informe recoge 2,459 denuncias y ante la comisión en Miami se presentaron más de 1,500 denunciantes de crímenes políticos del castrismo que, incluso, en muchos casos hicieron palidecer las denuncias de los activistas.