Aunque no es nuestro objetivo entrar en disquisiciones filosóficas en este breve espacio, consideramos como principio elemental, que todo régimen que basado en filosofías que propugnen la lucha violenta entre clases sociales y la instauración de dictaduras, una de ellas sobre otras, es en su esencia violatorio de los derechos y libertades alcanzadas por la humanidad en su largo decursar histórico en búsqueda de bienestar y felicidad.

Esta filosofía de la violencia vulnera el espíritu mismo de la Declaración Universal de 1948, basado en la confraternidad humana, la justicia, la paz, la igualdad, las relaciones amistosas entre todas la naciones y el respeto universal a los derechos y libertades fundamentales del hombre.

No podemos olvidar que el régimen actual alcanzó el poder gracias a la rebelión nacional contra una dictadura militar y que su programa de transformaciones contemplaban las más caras aspiraciones populares y democráticas desde la independencia del país del yugo colonial.

Pero esas aspiraciones populares se vieron frustradas por un grupo de ambiciosos encabezados por un caudillo sin escrúpulos, decidido a mantenerse en el poder aún a costa del sacrificio del pueblo.

Para ello, aquel gobierno de amplia base popular ha devenido en el modelo más perfecto de dictadura en América, con rasgos muy definidos que va, desde el control absoluto de la vida nacional y la eliminación de toda oposición interna, hasta la subversión internacional y el sostén militar de regímenes similares en este y otros continentes.

Permítame recordar una frase de Bertrand Rusell: "El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente". Como consecuencia lógica de este poder prolongado y absoluto, el régimen ha violado prácticamente casi todos los artículos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pero se niega a reconocerlo ladinamente con el propósito de conservar una imagen humanitaria y progresista ante el mundo.

Los amigos juristas que me han precedido, han detallado estas violaciones contenidas en la propia letra de la Constitución de 1976 y en las leyes complementarias, por lo que no es necesario repetirlas. Sólo quiero detenerme brevemente en la libertad de movimiento, y luego recalcar las más notorias violaciones de las libertades fundamentales.

Respecto a las violaciones del artículo 13 de la Declaración Universal es conocida ya la existencia de las comunidades o "pueblos cautivos" construidos por los campesinos desterrados del Escambray en los años sesenta, así como el régimen semi-carcelario que han sufrido miles de esas familias durante veinticinco años.

Es conocido también que un millón de cubanos ha emigrado y que no pueden ni siquiera venir a ver a sus familiares ni éstos ir a verlos, salvo casos excepcionales de ancianos y enfermos. Estas separaciones afectan a varios millones de cubanos debido a nuestra idiosincrasia familiar, netamente latina. Además, las autoridades saben perfectamente que hay cientos de miles de cubanos que desean emigrar, —por ejemplo, los que se quedaron esperando la salida por el Mariel y todos aquellos que esperan un vía menos dolorosa y dilatada que la actual y no se atreven a dar el paso temiendo las represalias. ¿Qué mejor prueba que el asilo de once mil personas en la Embajada del Perú en 1980 en menos de dos días?

Están también los que tienen negada la salida por el gobierno y desconocen cuántos años deben esperar, lo que constituye una sádica vendetta estatal.

Tenemos que denunciar aquí el sucio negocio de la venta de visas en miles de dólares por algunas embajadas latinoamericanas y el cobro de enormes sumas, también en dólares, para el gobierno cubano a los familiares de los profesionales y técnicos que desean emigrar.

A todo esto hay que agregar la tragedia de miles de ahogados en el Estrecho de la Florida en intentos desesperados por salir del país, que van cada día en aumento. Si la Comisión pudiera interponer sus buenos oficios y lograr cambios sustanciales en la política del gobierno cubano en este aspecto tendría el eterno agradecimiento de nuestro pueblo.

Antes de pasar al capítulo final de mi exposición, debo hacer algunas aclaraciones que faciliten su comprensión.

En nuestro país el estado es dueño absoluto de vida y hacienda, de estudio y trabajo, de salud y deporte, de música, arte, baile y entretenimiento. El estado controla totalmente la vida nacional, la prensa, radio y televisión, desde el mayor central azucarero hasta el más humilde vendedor de granizado.

En nuestro país no existen asociaciones privadas de carácter social o deportivo, sindical o político, y las religiosas son limitadas y perseguidas.

En nuestro país no existen exposiciones ni publicaciones privadas artísticas, culturales ni intelectuales de ningún tipo. Esta es la explicación y no otra, de la aparente aceptación popular del sistema de sus tan manipuladas concentraciones masivas y marchas combatientes de apoyo al régimen. ¿Quién se atreve a protestar? Se necesita tener gran vocación de mártir para hacerlo. ¿Qué decir entonces del respeto a los derechos y libertades fundamentales? Si en nuestro país no se respeta ni tan siquiera la calidad primordial del hombre, lo que lo diferencia del animal: la del pensamiento.

Por pensar, sólo por pensar libremente, miles de cubanos han sufrido en estos treinta años cárcel, persecución y muerte.

Señor presidente y señores miembros: en nuestro país han sido despojados ilegalmente de sus tierras miles de campesinos privados, por distintas medidas arbitrarias del gobierno. Han sido expulsados miles de estudiantes y trabajadores de sus centros de estudios y de trabajo por sus ideas políticas o religiosas.

Han sido castigados a trabajos forzados miles de jóvenes de los campamentos de la UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción) y EJT (Ejército Juvenil del Trabajo), por motivos de conciencia.

En nuestro país han sido golpeados y maltratados centenares de miles de presos y detenidos, tanto comunes como políticos, aprovechando su desamparo legal.

En nuestro país han sido sancionados a largas penas de prisión decenas de miles de cubanos por causas políticas arbitrarias con tribunales de excepción, sin las mínimas garantías procesales.

En nuestro país, señores de la Comisión, —y esto constituye un crimen horrendo y sin solución— han sido fusilados decenas de miles de cubanos por causas políticas arbitrarias con tribunales de excepción sin las más mínimas garantías procesales, sin apelación posible y sin que sus familiares sepan aún dónde están enterrados.

Por toda esta injusticia y el dolor de nuestro pueblo:

Emplazamos ante ustedes al gobierno cubano, a que publique la relación total de fusilados y el lugar donde están enterrados; así como la relación total de sancionados por causas políticas; y que permita el examen de sus causas a una Comisión Judicial de las Naciones Unidas.

Emplazamos ante ustedes al gobierno cubano, a que haga pública convocatoria solicitando las declaraciones de los detenidos y presos golpeados y maltratados; dando plena garantía de que no habrá represalia, y que serán procesados los infractores tengan el grado que tengan.

Emplazamos ante ustedes al gobierno cubano, a que reintegre sus tierras a los campesinos despojados; así como su trabajo y sus estudios a los expulsados por motivos de conciencia y suprima para siempre en el país la práctica inhumana del trabajo forzado en todas sus variantes.

Emplazamos ante ustedes al gobierno cubano, a que rinda cuentas claras a la población de los gastos del partido, las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior y las someta a consulta popular abierta, bajo observación de la ONU.

Emplazamos ante ustedes al gobierno cubano, a la reapertura del disuelto Tribunal de Cuentas, para que fiscalice los gastos de los funcionarios estatales del Partido y elimine la enorme corrupción actual y con ella sus irritantes privilegios "repartos exclusivos, residencias de lujo, viajes inútiles al extranjero, vacaciones gratis en Varadero, tiendas especiales, abastecimiento adicional, etc., mientras la población no tiene con qué resolver sus necesidades mínimas diarias.

Emplazamos ante ustedes al gobierno cubano, a que publique en todos los órganos de prensa el texto íntegro de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y que lleve a plebiscito si debe ser incluida como preámbulo de la Constitución de obligatorio cumplimiento bajo observación de la ONU.

Por último:

Emplazamos ante ustedes al gobierno cubano a efectuar un debate abierto con transmisión directa a todo el país por la radio y la televisión, entre sus representantes y el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, sobre el estado de los Derechos Humanos en Cuba.

Muchas gracias.